Más de 1.000 órdenes de desalojo amenazan las tierras, los medios de vida y la seguridad alimentaria de comunidades rurales, advierten relatores de derechos humanos
Expertos independientes en derechos humanos de la ONU pidieron el 4 de septiembre de 2026 al Gobierno de Honduras que detenga de inmediato la ejecución de más de 1.000 órdenes de desalojo que, hasta el 1 de julio de 2026, amenazaban a miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes en territorios en disputa. Los relatores advirtieron que perder la tierra significa mucho más que perder la vivienda, pues pone en riesgo la producción de alimentos y los medios de vida de las comunidades rurales.
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Los expertos señalaron que el Decreto 107-2026 protege tierras destinadas a actividades agroindustriales, ganaderas, energéticas y turísticas, y que fue aprobado sin consultar a las comunidades que podrían resultar desplazadas. Este marco, sostienen, habría acelerado los desalojos en distintas regiones del país y agravado la conflictividad en torno a la tenencia de la tierra.
Entre los casos citados figuran el desalojo, el 6 de julio, de la comunidad garífuna de San Juan, en Tela (Atlántida), durante el cual cinco defensores de derechos humanos fueron detenidos; y el del 6 de agosto, cuando más de 40 familias campesinas fueron expulsadas de El Tulito, en Choluteca. Los relatores recordaron además que, el 21 de mayo, 20 personas murieron en Rigores (Colón), ocho de ellas vinculadas a organizaciones campesinas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había reconocido en 2023 a San Juan como territorio ancestral garífuna.
Los expertos instaron al Estado hondureño a suspender los nuevos desalojos, consultar a las comunidades afectadas e investigar los episodios de violencia. Subrayaron que los desalojos forzados vulneran obligaciones internacionales del país y amenazan la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de la agricultura de subsistencia. El pronunciamiento corresponde a relatores de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, cuyas opiniones son independientes y no representan una postura oficial de la ONU.