Así es el plan para Gaza respaldado por el Consejo de Seguridad: transición política, controversia jurídica y riesgo humanitario
El 17 de noviembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza. El texto obtuvo 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y China), sin que se ejerciera ningún veto. La resolución avala la segunda fase de un plan de 20 puntos que ya había permitido un alto el fuego en octubre, tras dos años de guerra que dejaron casi 70.000 palestinos muertos, además de la liberación de rehenes y detenidos. El núcleo de la propuesta consiste en la creación de un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, acompañados de una referencia explícita a la posibilidad de un futuro Estado palestino reconocido globalmente.
El contenido de la resolución establece el “establecimiento de la Junta de Paz”, definida como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional. Aunque el texto no detalla su composición, el embajador estadounidense Mike Waltz precisó que esta Junta estará dirigida por el presidente Trump y será la piedra angular del plan. Su mandato incluye coordinar la entrega de asistencia humanitaria, facilitar el desarrollo y la “reurbanización” de Gaza, y apoyar a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones cotidianas, el servicio civil y la administración. La Junta transferiría sus competencias a la Autoridad Palestina una vez que ésta haya completado satisfactoriamente un programa de reformas, cuyo contenido concreto no se especifica en la resolución.
En paralelo, el Consejo autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF o FIS), que se desplegaría bajo un mando unificado y en estrecha consulta con Israel y Egipto. Esta fuerza tendría el mandato de asegurar las fronteras de Gaza, entrenar y colaborar con la policía palestina, proteger a la población civil, vigilar los corredores de ayuda humanitaria y garantizar la desmilitarización de la Franja. Ello incluye la destrucción de infraestructuras militares y el desmantelamiento permanente de las armas de grupos armados no estatales. Aunque el texto no fija una cifra oficial, informes de prensa señalan que la FIS podría estar integrada por unos 20.000 soldados, muchos procedentes de países de mayoría musulmana como Indonesia o Azerbaiyán. No se trataría de una operación de la ONU, por lo que los cascos azules no participarían.
Las reacciones de los Estados miembros reflejan tanto apoyo como reservas. Estados Unidos presentó la resolución como un “paso significativo” hacia una Gaza estable y próspera, y hacia un entorno que permita a Israel vivir con seguridad. Argelia, en nombre de una parte importante del mundo árabe y musulmán, respaldó el texto al considerarlo una oportunidad para restaurar la gobernanza palestina, mantener el alto el fuego y crear condiciones para la autodeterminación y la futura creación de un Estado palestino. En cambio, Rusia denunció la falta de claridad sobre los plazos para devolver el control a la Autoridad Palestina y advirtió que la estructura propuesta podría consolidar la separación entre Gaza y Cisjordania. China, por su parte, insistió en que “los palestinos deben gobernar Palestina” y lamentó que el plan no incluya garantías firmes sobre la solución de dos Estados, aunque se abstuvo para no bloquear el cese de hostilidades.
Fuera del Consejo de Seguridad, las reacciones de los actores locales también han sido críticas. El gobierno de Israel ha manifestado su rechazo a algunos elementos de la fuerza internacional, en particular a la posible participación de tropas turcas, y ha reiterado su oposición frontal a la creación de un Estado palestino, señalando que su postura “no ha cambiado” respecto a ningún territorio. Diversas facciones palestinas, entre ellas Hamás, han calificado el proyecto como una imposición de tutela extranjera que despoja a los palestinos de su derecho al autogobierno. Asimismo, rechazan el desarme exigido por la FIS, al considerar que limita su capacidad de resistencia y supedita el futuro de Gaza a estructuras de control externo.
Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, la resolución 2803 ha generado una controversia intensa. Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, advirtió que el texto se aparta del marco del derecho internacional que el propio Consejo está obligado a proteger. Señaló que, en lugar de trazar un camino hacia el fin de la ocupación, la resolución corre el riesgo de reforzar el control externo sobre la gobernanza, las fronteras, la seguridad y la reconstrucción de Gaza, “traicionando” —en sus palabras— al pueblo palestino. Albanese subrayó que la autodeterminación es un derecho inalienable reconocido por la Corte Internacional de Justicia y que cambiar a un administrador por otro, sin poner fin a la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados, no puede considerarse una solución legítima.
La dimensión humanitaria agrava este cuadro político. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su esperanza de que la resolución se traduzca en medidas concretas y urgentes sobre el terreno, y que conduzca a un proceso político creíble orientado a la solución de dos Estados. Sin embargo, las agencias humanitarias insisten en que la ayuda sigue siendo insuficiente en relación con la magnitud de la destrucción. Las fuertes lluvias del 14 de noviembre provocaron graves inundaciones en la Franja, afectando a más de 13.000 familias desplazadas, dañando sistemas de drenaje y destruyendo miles de tiendas de campaña. Entre el 14 y el 16 de noviembre se distribuyeron decenas de miles de lonas, mantas y tiendas, pero las organizaciones alertan de que estas cifras cubren solo una fracción de las necesidades reales.
En este contexto, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) desempeña un papel central. Esta Agencia de la ONU presta servicios esenciales en educación, salud, agua, saneamiento y apoyo psicosocial a millones de refugiados palestinos en la región, incluidos cientos de miles de personas en Gaza. Su comisionado general, Philippe Lazzarini, advirtió que existe una percepción errónea de que la UNRWA ha dejado de operar en la Franja, cuando en realidad sus 12.000 empleados siguen siendo el principal proveedor de servicios públicos. Al mismo tiempo, denunció que la Agencia está siendo objeto de una campaña de desinformación y de restricciones legales que bloquean la entrada de ayuda, en abierta contradicción con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Estos ataques, combinados con recortes de financiación, han generado un déficit de alrededor de 200 millones de dólares que amenaza la continuidad de sus programas.
La relatora Francesca Albanese y Philippe Lazzarini coinciden en un punto clave: ningún plan político para Gaza puede ser viable si ignora el derecho internacional y debilita a los organismos humanitarios que sostienen la vida cotidiana de la población refugiada. Mientras el Consejo de Seguridad intenta redefinir la estructura de gobernanza y seguridad mediante la Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización, la realidad sobre el terreno está marcada por la destrucción masiva, el desplazamiento prolongado y la fragilidad extrema de servicios básicos. En estas condiciones, el futuro de la resolución dependerá no solo de la arquitectura institucional propuesta, sino de la voluntad efectiva de los Estados para financiar la reconstrucción, garantizar el acceso humanitario y avanzar, de forma coherente, hacia el ejercicio real del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
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