El plan contempla protecciones escalonadas hasta los 18 años y verificación de edad
El Gobierno de Alemania estudia formalmente introducir una edad mínima legal de 13 años para que los adolescentes puedan usar las redes sociales de manera autónoma. La propuesta surge tras un informe entregado por una comisión de expertos sobre la protección de la infancia y la juventud en el entorno digital a la ministra de Familia y Juventud, Karin Prien. El plan busca hacer frente a problemas crecientes entre los menores como la adicción digital, el acoso y los riesgos psicológicos derivados del diseño de las plataformas.
La iniciativa plantea un sistema de protección escalonado en tres tramos de edad. Para los menores de 13 años, el acceso estaría supeditado a una autorización previa de los padres y limitado exclusivamente a servicios evaluados como de "bajo riesgo" y adecuados para la infancia. Entre los 13 y los 18 años se aplicarían restricciones de funciones específicas, como la eliminación de las recomendaciones personalizadas por algoritmos o de las herramientas diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia en las aplicaciones.
La ministra Prien subrayó que las plataformas digitales deben asumir una responsabilidad estructural y diseñar sus servicios, desde el origen, para que sean más seguros y apropiados para los menores. También propuso incorporar la educación mediática parental al Código Civil alemán, en una medida equiparable a la introducción del derecho a una educación libre de violencia en el año 2000. El debate, sin embargo, también gira en torno a la viabilidad técnica de los sistemas de control y verificación de edad.
Prien afirmó que su prioridad es alcanzar una solución a escala europea, en sintonía con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, pero advirtió que si Bruselas no avanza con rapidez, Berlín está dispuesto a legislar de forma independiente. De concretarse, Alemania se sumaría a una creciente tendencia internacional: Australia fue pionera al prohibir las redes a menores de 16 años en diciembre de 2025, y otros países como Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y España avanzan en regulaciones similares.