Prefirió venderlas a una fundación que las protege para siempre
Mervin Raudabaugh, agricultor de 86 años de Mechanicsburg, en Pensilvania (Estados Unidos), rechazó una oferta millonaria de promotores tecnológicos que querían convertir sus tierras en un centro de datos para inteligencia artificial. Los desarrolladores le ofrecieron unos 60.000 dólares por acre por su propiedad de 261 acres —unas 105 hectáreas—, lo que sumaba más de 15 millones de dólares, alrededor de 13 millones de euros.
“No estaba interesado en destruir mis granjas”, explicó el agricultor, que trabajó esas tierras durante décadas. En lugar de aceptar el dinero, optó por vendérselas a Lancaster Farmland Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección permanente del suelo agrícola en Pensilvania, por 1,9 millones de dólares: apenas una fracción de lo que le ofrecían las tecnológicas.
El acuerdo con la fundación garantiza que los terrenos no podrán destinarse a desarrollos industriales, urbanos ni tecnológicos, y quedarán reservados de forma permanente al uso agrícola. La decisión blinda las tierras frente a futuras ofertas, incluso cuando él ya no esté, y convierte su renuncia económica en una protección legal que sobrevivirá a su propietario.
El caso refleja la creciente tensión en las zonas rurales de Estados Unidos por la expansión de los centros de datos que demanda la inteligencia artificial, instalaciones que consumen enormes cantidades de electricidad y agua. No se trata de un episodio aislado: otros agricultores, como una granjera de 82 años en Kentucky, también han rechazado ofertas millonarias, mientras algunos estados han empezado a frenar la construcción de estas megaestructuras.